La justicia verde en la agenda del Gobierno rumano

Hoy se ha celebrado en el Ministerio de Justicia una reunión sobre la regulación de la delincuencia ambiental y la especialización del sistema judicial para poder llevar a cabo de forma eficaz las investigaciones penales en este ámbito. Participaron representantes de las instituciones implicadas, entre ellas DNA, MI, CSM y DIICOT, así como representantes de la sociedad civil: junto a Agent Green estuvieron nuestros compañeros de WWF România, Greenpeace România, Fundația Carpathia y otras organizaciones.

La conversación puso de manifiesto el acuerdo de todos los participantes sobre la necesidad de regular un sistema de protección ambiental, empezando por una mejor definición penal de los delitos ambientales, una posible codificación de la legislación ambiental, la delimitación de las competencias de investigación penal según la gravedad y las consecuencias de los hechos y la asignación de recursos económicos y humanos para apoyar estos esfuerzos. Se acordó constituir un grupo de trabajo con ese fin.

Las propuestas de Agent Green dirigidas al Ministerio de Justicia son:

1. La legislación ambiental es extremadamente compleja; el derecho ambiental constituye hoy una rama importante del derecho, muy desarrollada y con implicaciones en todas las esferas de las políticas públicas. Sin embargo, en las facultades de Derecho se imparte, como mucho, como asignatura optativa y únicamente con capítulos generales e introductorios. Es necesario poner a disposición tanto de estudiantes como de profesionales cursos profundos y modernos de derecho ambiental para que puedan resolver con facilidad y correctamente los casos que surgen en la práctica.
2. La definición o codificación de la legislación ambiental existe en Europa (Francia) y tendría como consecuencia facilitar el estudio de dicha legislación.
3. La codificación de las sanciones aplicables en materia ambiental y la redefinición o aclaración de determinados hechos que constituyen delitos o infracciones administrativas son esenciales. Deben tener en cuenta la cuantificación de los daños, no solo desde el punto de vista material ni únicamente su valor económico, sino sobre todo los daños ambientales, que la mayoría de las veces no tienen esa dimensión. Por ejemplo, la degradación de hábitats, la desaparición de una especie o la reducción del número de ejemplares de una especie determinada y la destrucción de valores naturales no tienen valor económico, pero representan pérdidas del patrimonio nacional y/o internacional que deben ser sancionadas. Por tanto, la gravedad de estos hechos también debe evaluarse según las clasificaciones ambientales de ese patrimonio natural (IUCN).
4. La reforma del sistema judicial no debe limitarse a fiscales y policías. Estos constituyen una parte muy importante del sistema, pero sus investigaciones no pueden realizarse sin un cuerpo de expertos técnicos claramente definido que ofrezca la posibilidad de una investigación científica multidisciplinar, ya que los daños ambientales afectan la mayoría de las veces a distintas ramas científicas. Al mismo tiempo, estos expertos deben conocer los procedimientos para realizar las evaluaciones ambientales tal como se establecen en las guías de la UE (evaluación de impacto ambiental, evaluación adecuada, evaluación ambiental estratégica).
5. Estas investigaciones terminan llegando a los tribunales, donde se necesitan jueces preparados para resolver este tipo de casos. Es casi imposible que un juez que entra por primera vez en contacto con la legislación ambiental la aprenda inmediatamente para poder aplicarla, pues ello requiere un esfuerzo y un tiempo de los que estos jueces generalmente no disponen. También existe la posibilidad de crear tribunales o salas especializados cuando haya jueces especializados en derecho ambiental.
6. Las medidas ordenadas deben incluir también la restauración del medio ambiente por la persona responsable y sanciones proporcionales al daño causado (de acuerdo con el principio de quien contamina paga).

Por último, proponemos al ministro de Justicia que incluya a la sociedad civil en la elaboración de estas políticas ambientales, dado que los únicos especialistas en cuestiones ambientales se encuentran en la sociedad civil, que lleva más de 20 años trabajando en estos problemas. Pueden aportar sus conocimientos para adoptar un marco jurídico lo más coherente posible, que conduzca a una protección efectiva del medio ambiente y no a la creación de nuevas formas sin contenido.