El Gobierno aprueba la estrategia de biodiversidad: el 10 % de naturaleza estrictamente protegida sigue solo en el papel

Bucarest, 27 de julio de 2026 - Agent Green, Declic, Greenpeace Rumanía y Federația Peisaj Deschis advierten de que aprobar la Estrategia nacional de conservación de la biodiversidad 2026–2030 no significa que Rumanía haya protegido su biodiversidad ni cumplido su compromiso firme de someter al menos el 10 % del territorio nacional a protección estricta.

Celebramos que el objetivo del 10 % de protección estricta figure expresamente en la estrategia. Es un paso necesario, conseguido tras seis años de presión de la sociedad civil y la comunidad científica. Pero un objetivo escrito no protege por sí solo ni una hectárea. Para hacerlo realidad hacen falta la designación legal de las superficies, mapas públicos, un régimen de protección inequívoco, financiación de compensaciones y plazos obligatorios de aplicación.

El Ministerio de Medio Ambiente presenta la aprobación principalmente como un hito que desbloquea más de 972,4 millones de euros del PNRR. Nos alegramos de que Rumanía no pierda ese dinero. Pero la biodiversidad no puede utilizarse solo para cumplir un hito financiero mientras los ecosistemas más valiosos siguen expuestos a la explotación.

De 2,3 millones de hectáreas a una protección fragmentada

El proceso iniciado en 2020 para identificar el 10 % del territorio que debe dejarse a la naturaleza partió de criterios científicos y de unos 2,3 millones de hectáreas consideradas elegibles. Mediante cambios sucesivos y opacos de la metodología, la superficie se redujo primero a unos 1,7 millones de hectáreas y después, con nuevos filtros administrativos, a unos 1,4 millones.

Posteriormente, el Ministerio trató de condicionar la protección al consentimiento de propietarios, administradores y autoridades locales. Esa condición podría haber reducido la superficie final a menos de 700.000 hectáreas, menos del 3 % del país. Las organizaciones documentaron estas reducciones en la ficha técnica enviada a las autoridades y a la Comisión Europea.

El consentimiento de los propietarios no puede sustituir los criterios científicos ni convertir la protección del interés público en un derecho privado de veto. Hay que consultar e indemnizar justamente y a tiempo a propietarios y comunidades, no invitarlos a decidir si un ecosistema de importancia nacional merece seguir existiendo.

La protección estricta no puede incluir la explotación

En las versiones y propuestas debatidas aparecieron expresiones como «gestión activa», suficientemente vagas para permitir explotaciones forestales, intervenciones económicas en humedales u otras actividades incompatibles con la protección estricta.

Las intervenciones activas solo se justifican excepcionalmente, cuando son científicamente necesarias para restaurar un ecosistema o mantener un hábitat. No pueden convertirse en una vía de escape para explotar comercialmente los recursos. Una hectárea dibujada en un mapa pero abierta a la motosierra, la caza, la excavadora o las infraestructuras destructivas no es una hectárea estrictamente protegida.

Un proceso «participativo» solo en el comunicado del ministerio

El ministerio afirma que la estrategia se elaboró mediante un proceso participativo con ONG y expertos. Las organizaciones firmantes cuestionan esa presentación.

Participar no significa invitar a la sociedad civil a reuniones donde las decisiones ya están tomadas. Las observaciones esenciales sobre criterios científicos, conectividad ecológica, eliminación del veto de propietarios, mapas públicos y definición inequívoca de la protección estricta no se incorporaron adecuadamente.

Además, el público no tuvo acceso real y completo al estudio marco, la metodología final, todos los mapas de las zonas candidatas, las razones para excluir superficies o las respuestas del ministerio a las observaciones recibidas.

La versión de la estrategia publicada por el ministerio menciona el objetivo del 10 % y remite a un anexo I que debería contener el Plan nacional de acción, con instituciones responsables, plazos, financiación e indicadores. Al anunciarse la aprobación, no se pusieron a disposición del público junto al comunicado el texto definitivo aprobado, los anexos completos ni los mapas necesarios para comprobar las promesas.

«Agent Green puso el proyecto “El esqueleto de Rumanía” sobre la mesa del Gobierno en mayo de 2020, justo después del lanzamiento de la Estrategia de biodiversidad de la UE. El proceso comenzó de forma prometedora, pero en seis años se ha ralentizado, fragmentado y diluido. Hoy el Gobierno celebra aprobar una estrategia mientras siguen destruyéndose bosques primarios y antiguos, ríos naturales y humedales. El esqueleto de Rumanía no puede ser de papel. Queremos un 10 % de protección estricta real, interconectada ecológicamente y garantizada por ley», declaró Gabriel Păun, presidente de Agent Green.

«Aprobar esta estrategia es otra cortina de humo. Actualmente dirige el Ministerio de Medio Ambiente el equipo más opaco de las últimas décadas en transparencia de decisiones. La institución comunica triunfalmente modestas acciones administrativas precisamente para ocultar su enorme falta de transparencia y de logros tangibles en la protección de la naturaleza. Los papeles no son acciones. Los documentos oficiales emitidos hasta ahora no han protegido de ningún modo los bosques primarios y antiguos de Rumanía, no han garantizado la protección estricta del 10 % de ecosistemas valiosos ni han detenido a la mafia de la madera o las talas ilegales de más de 10 millones de metros cúbicos anuales. Además, sin financiación real, este documento seguirá siendo otra estrategia estéril y sin impacto. En su forma actual, el Gobierno se niega a financiar la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Es indignante que el dinero recaudado por la Administración del Fondo para el Medio Ambiente mediante certificados ETS se dirija a programas solo tangencialmente relacionados con el medio ambiente, incluso al apoyo de industrias con emisiones masivas de CO2, en vez de destinarse directamente a salvar nuestros ecosistemas», declaró Valentin Sălăgeanu, coordinador de campañas de bosques y biodiversidad de Greenpeace Rumanía.

«Las comunidades tienen derecho a saber qué ha ocurrido con los millones de hectáreas analizadas con dinero europeo y quién decidió excluir superficies valiosas. No aceptamos que se invoque la participación pública para legitimar decisiones opacas. No se puede desbloquear casi mil millones de euros en nombre de la biodiversidad mientras la naturaleza solo recibe promesas. Exigimos exactamente lo que pedimos al principio: protección estricta basada en criterios científicos. Eso coloca a los parques nacionales en la máxima prioridad de las zonas que deben protegerse de cualquier intervención humana destructiva», declaró un responsable de campañas de Comunitatea Declic.

Las demandas de las organizaciones

Agent Green, Declic, Greenpeace y Federația Peisaj Deschis piden al Gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente:

• Publicar inmediatamente el texto definitivo aprobado de la estrategia, el Plan nacional de acción, la metodología, el estudio marco y todos los mapas de las zonas candidatas.
• Publicar la superficie exacta propuesta para protección estricta y la justificación científica de cada categoría de ecosistema incluida o excluida.
• Designar legalmente al menos el 10 % del territorio rumano como red coherente e interconectada de zonas estrictamente protegidas, no como una colección de islas sin funcionalidad ecológica.
• Eliminar cualquier disposición que condicione la designación al consentimiento de propietarios, administradores o autoridades locales.
• Definir inequívocamente la protección estricta y excluir la explotación comercial, la caza y las infraestructuras destructivas. Las intervenciones activas solo deben permitirse cuando sean necesarias para conservación o restauración y estén fundamentadas científicamente.
• Proteger prioritaria e íntegramente los bosques primarios, cuasivírgenes y antiguos, las zonas de no intervención de los parques nacionales, los ríos naturales, los humedales, los ecosistemas kársticos, costeros y marinos y los corredores ecológicos.
• Suspender talas, construcciones y otras intervenciones destructivas en las zonas candidatas hasta completar la designación.
• Crear una partida presupuestaria permanente, también mediante la Administración del Fondo para el Medio Ambiente, para compensaciones justas y previas a propietarios y comunidades afectados por restricciones.
• Establecer un calendario público de designación y aplicación, con informes anuales y seguimiento independiente.
• Aclarar cómo se utilizaron los resultados del proyecto financiado con fondos europeos y justificar todos los cambios de metodología y superficies resultantes.

La Comisión Europea confirmó que cumplir el hito del PNRR exige adoptar la legislación con la que Rumanía designa efectivamente zonas de protección estricta. Una estrategia general no puede sustituir esa obligación.

Rumanía no necesita solo una estrategia de biodiversidad. Necesita naturaleza viva y protegida sobre el terreno. Por ello evaluaremos el texto definitivo y todos sus anexos en cuanto se publiquen. Si los resultados de la cartografía financiada con fondos europeos han sido eliminados o alterados por intervenciones políticas, informaremos a la Comisión Europea, la OLAF y las demás instituciones competentes.

Contactos de prensa:

• Mihnea Matache, director de Comunicación, Greenpeace Rumanía, +40 749 135 749, mihnea.matache@greenpeace.org
• Gabriel Păun, presidente, Agent Green, office@agentgreen.org
• Antoniu Bumb, responsable de campañas, Comunitatea Declic, antoniu@declic.ro
• Viktoria Luft, Federația Peisaj Deschis, echipa@peisajdeschis.ro