Posición sobre la invitación al «diálogo» de la Alta Corte de Casación y Justicia a las organizaciones de la sociedad civil
3 de diciembre de 2025 – Las organizaciones firmantes respetan el papel constitucional de la Alta Corte de Casación y Justicia (ÎCCJ): impartir justicia junto con los demás tribunales establecidos por ley y garantizar la interpretación y aplicación uniformes de la ley por parte de los demás órganos judiciales. Reconocen el papel de los tribunales en la protección del Estado de derecho.
Precisamente por ello, consideramos necesario explicar públicamente por qué no participaremos en la reunión anunciada por la dirección de la ÎCCJ mediante una invitación dirigida a un grupo reducido de organizaciones no gubernamentales. Nuestra negativa no rechaza el diálogo como principio democrático. Al contrario, el diálogo es bienvenido cuando hay transparencia, responsabilidad institucional y un marco jurídico claro. Sin embargo, en su forma actual, la invitación plantea serios problemas de legitimidad y oportunidad.
1. Invitar solo a determinadas organizaciones cuestiona el carácter real del diálogo
La invitación se envió a un grupo limitado de organizaciones sin indicar los criterios de selección, mientras una parte significativa de las voces críticas de la sociedad civil quedó excluida. Un diálogo verdadero requiere la participación de todos los actores relevantes, no una selección basada en criterios poco claros y opacos que excluye a quienes mantienen posiciones críticas. Esta práctica muestra una voluntad de consulta controlada, más que de diálogo, y no refleja la voz de la sociedad en su conjunto.
2. La ÎCCJ no tiene mandato institucional para iniciar este tipo de diálogo
Según la Constitución y la legislación vigente, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), y no la Alta Corte de Casación y Justicia (ÎCCJ), es la autoridad constitucional con la misión y atribución explícitas de garantizar la independencia judicial y representar al poder judicial en su conjunto ante la sociedad y los demás poderes del Estado. Por ello, el CSM incluye representantes electos de jueces y fiscales, miembros natos y representantes de la sociedad civil.
La ÎCCJ no tiene competencias para organizar o coordinar un diálogo institucional con la sociedad civil sobre el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Representa solo una parte del poder judicial; no existe una relación de subordinación entre ella y los demás tribunales, ni representa a todo el poder judicial. En este contexto, la iniciativa corre el riesgo de crear un precedente en el que el tribunal supremo exceda su mandato y asuma atribuciones ajenas.
3. El contexto reciente no ofrece garantías mínimas para un diálogo creíble
En los últimos meses se han producido hechos que suscitan seria preocupación por la independencia judicial: frecuentes pronunciamientos del CSM contra voces críticas de la sociedad civil, la prensa y el ámbito jurídico; decisiones controvertidas, incluida la recusación de un juez por su intención de plantear una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este hecho cruza una línea roja en el deterioro del Estado de derecho, como también han señalado representantes del mundo académico.
4. La sociedad civil debe cuestionar el ejercicio discrecional o abusivo del poder y señalar asuntos de interés público sobre democracia, Estado de derecho o justicia, no otorgar una validación simbólica
La sociedad civil participa en estas reuniones para representar el interés público, no para servir a la imagen institucional de la ÎCCJ. Dados los temas fijados unilateralmente, el diálogo se celebrará ahora en un marco donde las reglas no son transparentes, los criterios de selección son poco claros y el conjunto de la iniciativa parece más una legitimación que una consulta.
En conclusión, las organizaciones firmantes siguen abiertas a un diálogo real, basado en el respeto al mandato legal, la transparencia institucional y la participación equitativa. Sin estas condiciones, no podemos asistir a la reunión propuesta: hacerlo contravendría nuestra misión de defender el Estado de derecho mediante una actuación crítica, responsable e independiente.
Organizaciones firmantes:
Agent Green
Asociația CIVICA
Bankwatch România
Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Corupția Ucide
Comunitatea Declic
Evoluție în Instituție
Federația Inițiativa Timișoara
Freedom House România
Fundația Eco-Civica
Grupul pentru Dialog Social
Inițiativa România
Societatea Timisoara
Voluntari în Europa
