El Estado de derecho bajo asedio

Hace poco celebramos una hermosa cifra de años desde la Gran Unión, 104 años, y 33 años desde la caída del comunismo. Años difíciles, la mitad de ellos bajo la guerra y la dictadura. El Estado de derecho experimentó una evolución frágil en el período de entreguerras y en los últimos treinta años. Hoy la celebración nacional es triste. La democracia en Rumanía sufre su mayor ataque desde 1945. Una serie de leyes y medidas gubernamentales merman nuestra evolución y nuestra esperanza de unidad y justicia.

Desde frases célebres de comunistas y legionarios, adoptadas y promovidas hoy por ciertos partidos, hasta proyectos de ley antidemocráticos destinados a silenciar a la sociedad civil.

Así, vemos que seguimos amenazados por los «agentes extranjeros» de Ceaușescu de 1989, cuando se acusa a la sociedad civil de recibir pagos «desde el extranjero» de personas oscuras. Tanto Ceaușescu como los representantes políticos actuales que hacen esas acusaciones despliegan una propaganda de origen nacionalista-soviético, destinada a desacreditar la defensa de las personas frente a los abusos de la clase política.

La construcción de campañas mediáticas en la prensa comprada, con esos ataques a la sociedad civil, se ha concretado en proyectos de ley específicos que prácticamente prohíben a los ciudadanos defenderse ante los tribunales, es decir, defender sus derechos fundamentales y su patrimonio natural.

La legislación indicada a continuación eliminará prácticamente toda integración de las normas ambientales en las políticas sectoriales, vulnerando el principio de precaución en la toma de decisiones y el principio de desarrollo sostenible. Son principios fundamentales de la Unión Europea establecidos por sus Tratados, que prevalecen sobre el derecho nacional conforme al artículo 148 de la Constitución. Pero lo más grave es que el patrimonio natural y el bienestar de las personas sufrirán y ya no podrán defenderse ante los tribunales.

Así:

• La propuesta legislativa más reciente destinada a devolver a Rumanía a la senda de la dictadura es BL 758/2022, la propuesta legislativa para modificar y completar la Ordenanza del Gobierno n.º 26/2000 sobre asociaciones y fundaciones, firmada por numerosos representantes del PNL, que prácticamente prohíbe el acceso de las ONG a los tribunales. Vulnera los tratados y convenios internacionales de los que Rumanía es parte y el derecho de acceso a la justicia previsto por la Constitución rumana y el Convenio de Aarhus. Las disposiciones más nocivas se refieren a una fianza del 1% del valor impugnado, con un máximo de 50.000 lei, y a establecer la responsabilidad patrimonial de los miembros de la junta directiva. Las disposiciones se aplican retroactivamente también a los litigios en curso. El proyecto espera el debate en las comisiones parlamentarias.

• Pl-x n.º 317/2022, registrado en el Senado como L679/2022, para modificar y completar la Ley n.º 50/1991 sobre la autorización de obras de construcción, la Ley n.º 350/2001 sobre ordenación territorial y urbanismo y la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa n.º 554/2004, establece una obligación imposible para que la sociedad civil acuda a los tribunales cuando se emiten actos ilegales. Se regulan plazos de caducidad y prescripción que corren con independencia de que las personas perjudicadas conozcan el contenido ilícito de las licencias de construcción. Se presume que la simple publicación del número de una licencia en la página de un ayuntamiento (y tenemos más de 3000 ayuntamientos, además de consejos de condado competentes para concederlas) prueba el conocimiento de los motivos de ilegalidad. Evidentemente, la obligación impuesta a la sociedad civil es imposible y puede eliminar el acceso a la justicia, permitiendo una obligación imposible, nula conforme a los principios generales del derecho (Impossibilium nulla obligatio est).

• La Orden n.º 1679/2022, que aprueba el procedimiento para redirigir el impuesto sobre los beneficios, según la cual la ANAF comprueba si las organizaciones no gubernamentales cumplen la legislación y decide si pueden recibir los patrocinios ofrecidos por empresas al redirigir un porcentaje de ese impuesto.

Además, desde el año pasado son deducibles las aportaciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF y a otras organizaciones internacionales que actúan conforme a acuerdos especiales de los que Rumanía es parte. Es evidente que el mayor control estatal sobre la financiación de las ONG y la decisión del Estado sobre las causas que reciben los importes redirigidos privarán de fondos a las ONG ambientales que impugnan precisamente proyectos estatales perjudiciales. Al mismo tiempo, las pequeñas ONG de servicios sociales dejarán de recibir financiación, porque las empresas preferirán deducir sus aportaciones y se dirigirán únicamente a las ONG para las que se ofrece este mecanismo. Estas disposiciones son discriminatorias y pueden vulnerar los principios del Estado de derecho y la independencia de las ONG.

Destrucción de las aguas superficiales

• El Gobierno ha emitido un proyecto de ordenanza de urgencia para establecer medidas relativas a objetivos de inversión en instalaciones hidroeléctricas en construcción y otros proyectos de interés público superior que utilizan energías renovables. El proyecto aún no se ha debatido en el Gobierno y ya está firmado por el Ministerio de Medio Ambiente, Aguas y Bosques. Otros dos proyectos de ley se han presentado al Parlamento y se debaten en las comisiones: B711/07.11.2022, con dictámenes negativos del Consejo Legislativo y del CES, y 712/07.11.2022.

Estos proyectos destruirán la red Natura 2000 de Rumanía, afectando de manera irreparable a 24 espacios Natura 2000, ríos, bosques y hábitats protegidos prioritarios, sin evaluaciones ambientales, en virtud de una decisión política en beneficio de una empresa estatal, para producir una cantidad de energía inexistente: no se ha realizado un estudio actual sobre los caudales de los ríos de hoy y el agua que debe quedar sin utilizar para la supervivencia de las especies. Con los indicadores de los años 80, estos ríos desaparecerían por completo, dada la drástica reducción de los caudales en los últimos 30 años.

• Al mismo tiempo, el Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto una ordenanza de urgencia que elimina las obligaciones de evaluar el impacto de las obras hidráulicas sobre las masas de agua (incluidos puentes y centrales hidroeléctricas), dejando de ser obligatorio el dictamen de gestión del agua antes de iniciar las obras, una actuación que hasta ahora estaba tipificada como delito. Esta modificación llega después de detectarse varias obras hidráulicas realizadas sin ese dictamen (más de 700 puentes), y de presentarse también denuncias ante la Comisión Europea. En la misma línea, BP910/2022 se debate en el Senado como segunda cámara competente.

• PL 489/2022 – para completar el artículo 33 de la Ley de Aguas n.º 107/1996, aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados – por la que el derecho de explotación de las graveras se concederá directamente por la ANRM mediante permisos de explotación, excluyendo a la ANAR del procedimiento y eliminando la obligación de contar con una licencia de explotación. Esta modificación llega después de detectarse varias explotaciones sin licencia.

• La Ordenanza de Urgencia 140/2022 sobre la licencia industrial única, que establece plazos para emitir los actos de regulación ambiental que no permiten procedimientos coherentes de evaluación del impacto ambiental, aplicable a todos los ámbitos, incluidos los de los anexos 1 y 2 de la Directiva EIA, transpuesta por la Ley 292/2018.

• Simplificación de los procedimientos de visado anual de la autorización ambiental y la autorización ambiental integrada. Estos procedimientos, que ya se realizan sin transparencia ni consulta pública, vulnerando el Convenio de Aarhus, se simplificarán hasta ser meros trámites, sin tener en cuenta los problemas ambientales denunciados. De hecho, con la nueva legislación propuesta para las ONG, ya no habrá quien los denuncie.

• Propuesta de modificación de la Ley 350/2001 y de ampliación de la Ley 50/1991 sobre la autorización de obras de construcción, que pretende conceder el derecho a construir sin documentación de ordenación territorial y urbanismo para obras de construcción de capacidades de producción y almacenamiento de electricidad e hidrógeno de fuentes renovables, dentro y fuera de las zonas urbanizadas de las localidades, incluidas estaciones transformadoras, cables e instalaciones para conectarlas a la red eléctrica de interés público.

Legislación relativa a la caza de especies protegidas

• La Ordenanza de Urgencia del Gobierno n.º 81/2021 sobre los métodos de intervención inmediata para prevenir y combatir los ataques de osos pardos a personas y sus bienes en las zonas urbanizadas de las localidades, así como para modificar y completar determinados actos normativos, y su ley de aprobación. Permite cazar osos incluso fuera de esas zonas, sin intervención ni supervisión de las autoridades ambientales, con la justificación de que serían osos agresivos. Esta medida llega pese a que el Gobierno de Rumanía no ha hecho nada para aplicar el Plan de conservación de la especie de oso en Rumanía, adoptado mediante la Orden 625/2018, que también preveía medidas coherentes para gestionar los osos agresivos.

• Caza de un gran número de especies protegidas: modificaciones de la Ley de Caza n.º 407/2006 sin respetar las Directivas de Hábitats y Aves y adopción de numerosas excepciones para determinadas especies: urogallos, Orden 2482/2022; varias especies de aves, Orden 165/2022, Orden 2359/2022; legalización de trampas, Orden 2802/2022. También la Orden 1571/2022, que aprueba las cuotas de extracción para algunas especies de fauna de interés cinegético cuya caza está permitida, para el período de junio de 2022 al 14 de mayo de 2023, cuyos anexos no son públicos.

• Por último, las leyes de la justicia no crean las condiciones de una justicia independiente, mientras sigue disminuyendo el número de magistrados y de personal auxiliar, y la falta de especialización y la enorme carga de trabajo generan problemas para administrar y gestionar correctamente las causas pendientes.

Por todo ello, teniendo en cuenta la preocupación de las ONG nacionales e internacionales firmantes de esta carta, pedimos al Parlamento de Rumanía, al Gobierno de Rumanía y al presidente Klaus Iohannis que respeten sus compromisos con el pueblo rumano y con la Unión Europea.

Esta carta sigue abierta a la firma de las personas interesadas desde hoy, fecha de su lanzamiento, el 13 de diciembre de 2022, hasta que se rechacen o modifiquen todos estos proyectos de ley nocivos que destruyen el Estado de derecho en Rumanía.

Contacto de prensa:

Cătălina Rădulescu, 0745138165, office@agentgreen.org