El Parlamento aprueba la ley contra la naturaleza. Las ONG ambientales alertan al Defensor del Pueblo y al presidente rumano de su inconstitucionalidad

Comunicado de prensa — 28.03.2022

El Parlamento rumano aprobó el 23 de marzo la ley que modifica las áreas protegidas para permitir la continuación de proyectos hidroeléctricos, algunos iniciados en la época de Ceaușescu. El proyecto de ley implica la destrucción del único gran río de montaña que aún fluye libremente en los Cárpatos rumanos — el Jiu —, así como de otros ríos de montaña de extraordinario valor ecológico y paisajístico, como Răstolița, Valea Bradului, Ilva Mare, Bistra, Bratcu, etc.

La nueva ley se votó sin una evaluación del impacto de la propuesta legislativa, vulnerando las disposiciones constitucionales y el derecho europeo. Por ello, Bankwatch România y Agent Green, junto con Federația Coaliția Natura 2000, Declic y Greenpeace, han acudido al Defensor del Pueblo y al presidente de Rumanía.

Además, las enmiendas al proyecto PL n.º 132/2022 se modificaron durante el pleno de la Cámara de Diputados, cambiando por completo el sentido del texto. La propuesta inicial preveía la exclusión de áreas protegidas «para proyectos de inversión destinados a realizar instalaciones hidroeléctricas, estando los proyectos en ejecución o habiendo comenzado» antes de que las áreas fueran declaradas protegidas el 29 de junio de 2007. La versión aprobada por la Cámara de Diputados y modificada durante el pleno establece que «los proyectos de inversión para realizar instalaciones hidroeléctricas en ejecución con un porcentaje de realización superior al 60 % a fecha de 1 de mayo de 2022 se consideran proyectos de interés público superior y de seguridad y protección nacionales».

Las organizaciones ambientales han remitido escritos al Defensor del Pueblo solicitando que se acuda al Tribunal Constitucional (CCR) por la inconstitucionalidad del acto legislativo. También piden al presidente Klaus Iohannis que no promulgue la ley.

«Esta ley no nos ayuda ni a alcanzar la independencia energética ni a conservar la naturaleza. Es un grave insulto a la democracia y a los valores europeos. Pedimos a las autoridades que detengan esta masacre de las áreas protegidas», dijo Cătălina Rădulescu, abogada de las asociaciones Bankwatch y AgentGreen.

«Estos ríos se sacrifican para una producción eléctrica extremadamente reducida y, además, esporádica — las centrales del Jiu no funcionarían más de la mitad del año. Son ríos que ofrecen servicios ecosistémicos infinitamente superiores al beneficio económico obtenido de su explotación hidroeléctrica. PSD, PNL, UDMR y AUR se han puesto de acuerdo para servir a intereses privados. Los “listos” de la energía están ahora en la cima de la felicidad. Volverán a recibir contratos millonarios del Estado para terminar unas centrales hidroeléctricas viejas e ilegales», declaró Roxana Pencea Brădățan, coordinadora de campañas de Declic.

Las organizaciones subrayan que la modificación legislativa vulnera varios artículos de la Constitución referentes al respeto de las leyes en relación con la Ley n.º 24/2000 sobre normas de técnica legislativa; el deber del Estado rumano de cumplir exactamente y de buena fe las obligaciones derivadas de los tratados de los que es parte; la garantía y el respeto del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y la obligación estatal de asegurar la restauración y protección del medio ambiente y el mantenimiento del equilibrio ecológico.

La propuesta legislativa no se fundamentó suficientemente conforme a las exigencias de la actividad legislativa y vulnera la armonización de la legislación interna con el derecho comunitario, el respeto de los tratados internacionales de protección ambiental y la jurisprudencia del TJUE y del TEDH establecida por decisiones anteriores en casos similares. La modificación propuesta debía acompañarse obligatoriamente de un estudio de impacto, inexistente cuando se aprobó la ley.

Además, la ley es incompatible con la finalidad del acto modificado, la ordenanza de urgencia OUG 57/2007, que transpone las directivas europeas de protección ambiental sobre hábitats, aves y especies de flora y fauna silvestres. La ley establece excepciones para realizar todas las obras de construcción y desmonte forestal sin evaluaciones ambientales, talando bosques centenarios esenciales para la lucha sostenida contra el cambio climático. Las centrales afectadas, Bumbești-Jiu y Răstolița, se encuentran en territorios declarados protegidos conforme a la ordenanza, carecen de una evaluación adecuada del impacto ambiental negativo, no prevén medidas para prevenirlo y afectarán significativamente a especies protegidas, como mostraron las organizaciones ambientales en el análisis remitido al Senado rumano (PDF en rumano).

A continuación pueden leerse las cartas completas:

https://bankwatch.ro/wp-content/uploads/2022/03/sesizare-Presedintele-Romaniei_PL132.2022.pdf (PDF en rumano)

https://bankwatch.ro/wp-content/uploads/2022/03/sesizare-Av-poporului_PL132.2022.pdf (PDF en rumano)