Decenas de grandes organizaciones nacionales e internacionales acuden a la Comisión Europea ante el ataque sin precedentes del Ministerio de Medio Ambiente rumano a la biodiversidad

Decenas de grandes organizaciones nacionales e internacionales han acudido a la Comisión Europea ante el ataque sin precedentes del Ministerio de Medio Ambiente rumano a la biodiversidad.

En el escrito remitido ayer a la dirección de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, las organizaciones llaman la atención sobre las modificaciones propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente rumano a la Ordenanza de Urgencia OUG 57/2007, principal norma de transposición de la Directiva Hábitats en Rumanía, que el Gobierno podría adoptar próximamente con efectos jurídicos inmediatos.

Las nuevas reglas propuestas condicionan la designación de zonas de protección estricta —rebautizadas «zonas prioritarias para la biodiversidad»— al consentimiento explícito de propietarios o administradores de terrenos, independientemente de que cumplan los criterios científicos de protección estricta. En las zonas prioritarias para la biodiversidad situadas fuera de un área protegida, el derecho de administración se concede a los propietarios.

Este enfoque crea un poder de veto privado sobre un objetivo de interés público y un riesgo importante de una red de protección muy reducida y fragmentada, excluyendo de la protección estricta zonas de excepcional valor ecológico. Las estimaciones indican que aproximadamente el 80 % del territorio identificado para protección estricta (1,8 millones de hectáreas) podría no designarse por falta de acuerdo de propietarios o administradores privados (por ejemplo, la administración nacional de bosques Romsilva y las asociaciones forestales privadas).

Un aspecto crucial es que las modificaciones de la OUG 57/2007, propuestas sin consultar a la Academia Rumana, también se aplicarían a las zonas de protección estricta dentro de espacios Natura 2000 ya designados, afectando probablemente a su integridad. Si estas zonas dentro de un espacio Natura 2000 no cuentan con el acuerdo de propietarios o administradores, el gobierno ya no puede aplicar las medidas obligatorias de conservación impuestas por la Directiva Hábitats. Las nuevas normas provocarían, por tanto, numerosas infracciones de la directiva, en particular:

• del artículo 6, apartado 1, que exige establecer las medidas de conservación necesarias;
• del artículo 6, apartado 2, que prohíbe el deterioro de los hábitats y las perturbaciones significativas de las especies una vez designados los espacios.

Además, la jurisprudencia pertinente del TJUE establece que cualquier retroceso mensurable del nivel de protección de los espacios Natura 2000 puede constituir una infracción del Derecho de la UE y que la oposición de los propietarios no justifica la falta de adopción de las medidas necesarias de conservación.

El Ministerio de Medio Ambiente rumano justifica las modificaciones como necesarias para cumplir los compromisos de Rumanía en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), hito 13.2, en particular situar al menos el 10 % del territorio nacional bajo protección estricta conforme a la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. Sin embargo, paradójicamente, se espera que las modificaciones de la OUG 57/2007 produzcan el resultado contrario. Fuentes creíbles indican que el proceso para designar protección estricta sobre el 10 % de la superficie terrestre es cuestionado por el Ministerio de Agricultura rumano y el establishment político, especialmente los socialdemócratas que buscan contentar a su base de poder, es decir, las autoridades políticas locales (alcaldes, presidentes de consejos provinciales, etc.).

Durante la cartografía científica para alcanzar el 10 % de protección estricta (proyecto financiado por la UE, contrato n.º 100395787), las evaluaciones iniciales identificaron aproximadamente 2,3 millones de hectáreas elegibles, en consonancia general con los compromisos rumanos del hito 13.2 del PNRR. No obstante, los cambios repetidos y opacos de la metodología de selección, junto con otras intervenciones políticas, provocaron reducciones drásticas de las superficies iniciales. La exigencia de un «acuerdo del propietario» podría reducir la designación final a menos de 500.000–600.000 hectáreas, apenas el 2–3 % del territorio rumano. El área resultante cubriría principalmente zonas ya estrictamente protegidas de los parques nacionales y terrenos alpinos improductivos, dejando extensos bosques primarios y antiguos, valiosos y productivos, completamente expuestos a la explotación comercial.

La correcta aplicación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) requiere no solo cartografía basada en criterios científicos, sino mecanismos sostenibles de financiación para compensar a los propietarios sujetos a restricciones de explotación, equilibrando la conservación de la biodiversidad y los intereses económicos locales: un paso que el gobierno rumano no ha dado. En 2025, la Administración del Fondo para el Medio Ambiente (AFM) gestionó unos 3.200 millones de euros (~1 % del PIB). Pese a esta financiación considerable, el gasto en biodiversidad ha sido desatendido sistemáticamente y representó solo alrededor del 0,2 % del presupuesto total de la AFM.

Ante esta situación, les solicitamos respetuosamente que consideren emitir una advertencia urgente al Gobierno rumano para impedir la adopción de las modificaciones propuestas a la OUG 57/2007 antes de que se produzcan daños jurídicos y ecológicos irreversibles. Consideramos que una rápida intervención de la Comisión Europea aún puede evitar el incumplimiento estructural de la legislación de la UE, con efectos a largo plazo sobre la protección de la biodiversidad en Rumanía.

Las organizaciones firmantes y sus representantes, por orden alfabético:

Adi Dohotaru, Asociația Societatea Organizată Sustenabil, Romania

Alexandru Teleagă, Asociația Altitudine, Romania

Alina Chiriac, Romanian Environmental Defender

Attila Marton, Mișcarea pentru Transilvania Egalitară, România

Bogdan Stroe, Grupul de Initiativa Civica IOR-Titan, Romania

Camelia Gui, Asociația Clujul Sustenabil, România

Ciprian Galusca, Platforma pentru Adaptare Climatică, Romania

Cristina Lapis, Asociația de Protecție a Animalelor Milioane de Prieteni, România

Claudiu Olenici, Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului, Romania

Dan Trifu, Fundația Eco-Civica, Romania

Dorina Milea, AER Muntenia Sud, Romania

Dragoș Tuță Mihaylov, Ambasada Sustenabilității în România

Gabriel Paun, Agent Green, Romania

Gabriela Cotaru, Hosman Durabil, Romania

Hans Hedrich, Verein Neuer Weg, Romania

Mihai Goțiu, România Curată, Verde Curat, Romania

Mihai Constantinescu, Asociația Natura Transilvania, Romania

Roxana Pencea Brădățan, Declic, Romania

Valentin Sălăgeanu, Greenpeace CEE Romania

Viktoria Luft, Federația Peisaj Deschis, Romania

Almuth Ernsting, Biofuelwatch, Europe/USA

Artur Milewski, Forests NOW, Poland

Comité Schone Lucht, Netherlands

Evelyn Schoenheit, Forum Ökologie & Papier, Germany

Farištamo Eller, Save Estonia’s Forests

Focus Association for Sustainable Development, Slovenia

Ines Gavrilut, Bruno Manser Fonds, Switzerland

International Commission for the Protection of the Alps

Jana Ballenthien, ROBIN WOOD, Germany

Hannah Mowat, Fern, EU

Hermann Edelmann, Pro REGENWALD, Germany

Maarten Visschers, Leefmilieu, Netherlands

Lina Burnelius, Protect the Forest, Sweden

Dr. Lutz Fähser, Forester and Scientist, Germany

REVIVO, Institute for ichthyological and ecological research

Sergiy Moroz, European Environmental Bureau (EEB), EU

Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development

Zoe Lujic, Earth Thrive, UK/Serbia and Balkan Centre for the Rights of Nature, Serbia/Balkans

Anexos:

Nota técnica de Agent Green, Declic, Greenpeace y PAC, Rumanía:
https://www.greenpeace.org/static/planet4-romania-stateless/2026/01/e7210cdf-fisa-tehnica-10.pdf

Comunicado de prensa de Agent Green, Declic, Greenpeace y PAC, Rumanía:
/ministerul-mediului-incalca-legea-si-blocheaza-protectia-naturii

Anexo técnico: modificaciones de la OUG n.º 57/2007 a la comunicación sobre el grave riesgo de incumplimiento del hito PNRR y del principio «No causar un perjuicio significativo» (DNSH) derivado del proyecto de Ordenanza de Urgencia que modifica y completa la OUG n.º 57/2007 sobre el régimen de áreas naturales protegidas de Rumanía (adjunto).