Recientes decisiones de la justicia rumana en asuntos ambientales indican la desaparición del Estado de derecho

Recientes decisiones de la justicia rumana en asuntos ambientales indican la desaparición del Estado de derecho

En el último año, Agent Green ha perdido contra el Estado procesos sobre talas que antes ganaba

Bucarest, 14 de julio de 2022 – El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho, la independencia judicial y la libertad de prensa muestra que la confianza ciudadana en la justicia ha caído por debajo del 50%. Es un hecho cierto que también se ha sentido en el último año en los procesos de Agent Green contra las autoridades rumanas: algunos tribunales dictan resoluciones ridículas desde el punto de vista procesal y sustantivo para rechazar demandas de la organización ecologista en casos de infracciones flagrantes de la ley.

«La separación de poderes ha dejado de existir. La injerencia política en la justicia también tiene un impacto catastrófico en la naturaleza. Hasta 2020 ganábamos procesos sin parar para anular talas abusivas aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero también para acceder a planes de ordenación forestal considerados abusivamente secretos de Estado. Pues bien, en los últimos dos años hemos empezado a perder procesos sobre cuestiones similares», declaró Gabriel Păun, presidente de Agent Green.

Se han presentado varios litigios para anular planes de ordenación forestal. Casos idénticos. Sin embargo, las resoluciones de los tribunales se contradicen. Para algunos, infringir la ley y el derecho europeo no representa un problema. En el caso del bosque de Topana, por ejemplo, el tribunal explica expresamente que es legal realizar trabajos forestales antes del procedimiento de evaluación ambiental. Es exactamente el problema nacional denunciado por Agent Green ante la Comisión Europea, que ha provocado una serie de procedimientos de infracción por ese motivo y que el Ministerio de Medio Ambiente promete resolver. En realidad, no hace más que mentir para demorar la remisión del caso al TJUE. En casos similares, los tribunales han anulado planes de ordenación forestal y/o decisiones de evaluación preliminar, por ejemplo en los distritos forestales de Padeș, Avrig, Boișoara, Lerești y Alpina Borșa.

En otro caso, relativo al plan de ordenación forestal de Băile Herculane, el Tribunal Superior de Casación y Justicia (ICCJ) sostiene que talar en un área protegida sin evaluación ambiental no es motivo de suspensión: de nuevo, el problema denunciado por la Comisión en el procedimiento de infracción. En otros casos, por ejemplo en los distritos de Baia de Aramă y Avrig, los planes fueron suspendidos por el mismo ICCJ que suspendió esos planes.

La situación ha empeorado en el último año: los tribunales han admitido la autoridad de cosa juzgada en un caso sobre la anulación de la licencia de construcción de la línea eléctrica aérea de 400 kV Porțile de Fier – Resița, basándose en otra acción que se refería únicamente a suspender la licencia. «¿Cómo puede haber identidad de objeto en semejante situación? En otro caso, el ICCJ admitió un recurso incidental de la parte que había perdido el litigio, lo que vulnera flagrantemente el Código de Procedimiento Civil. ¿Los jueces del ICCJ no conocen el procedimiento o son más bien decisiones políticas? El caso trataba de la construcción de la línea eléctrica aérea de la central hidroeléctrica de Defileul Jiului, cuyos actos de regulación han sido anulados irrevocablemente por el tribunal», denuncia Cătălina Rădulescu, abogada de Agent Green.

Otro caso se refiere a anular una decisión del Gobierno sobre la deforestación de superficies boscosas para la línea eléctrica aérea de 400 kV Porțile de Fier – Resița. La acción se rechazó por prescripción pese a haberse presentado, conforme al derecho procesal, dentro del plazo legal desde la respuesta a la reclamación previa.

En un proceso contra Romsilva, la organización también afrontó problemas respecto a la anulación de una ejecución forzosa autorizada de manera firme por el tribunal. «¿Cómo puede otro tribunal anular una sentencia firme? No existe tal norma legal en el código procesal. El caso se refería a obligar a Romsilva a comunicar planes de ordenación forestal. Por afinidades políticas, algunos tribunales desafían las normas procesales y de derecho sustantivo y dictan sentencias utópicas. Estas decisiones existían antes, pero el último año ha agudizado la politización de la justicia», añadió Rădulescu.

«Los procedimientos de infracción no se cierran con mentiras y maniatando a la justicia, sino resolviendo las causas y efectos que los generaron. Eso requiere una política profesional y de buena fe y una justicia a la altura, libre y reforzada con fiscales y jueces especializados en la naturaleza. Pero Rumanía es ahora profundamente antieuropea y se encamina hacia la dictadura. Se espera que la Comisión Europea aplique las medidas necesarias respecto a Rumanía para lograr que las autoridades respeten los principios democráticos, incluido el Estado de derecho», concluyó Păun.

Contacto de prensa:

Cătălina RĂDULESCU, abogada de Agent Green, 0745138165