Bankwatch Rumanía y Agent Green alertan a la Comisión Europea: la justicia rumana falla en los casos ambientales – vulneraciones reiteradas de la cosa juzgada y abuso de poder

Bankwatch Rumanía y Agent Green alertan a la Comisión Europea:
La justicia rumana falla en los casos ambientales – vulneraciones reiteradas de la cosa juzgada y abuso de poder

En una carta dirigida a las direcciones generales de Justicia y Medio Ambiente de la Comisión Europea (DG JUST y DG ENVI), las dos organizaciones ambientales sin ánimo de lucro, Bankwatch Rumanía y Agent Green, y personas directamente afectadas por la incapacidad de los tribunales rumanos para aplicar las decisiones ambientales y por los abusos de poder de las autoridades de regulación ambiental alertan a la Comisión Europea de que, en los últimos años:
Rumanía ha sido testigo de un aumento preocupante de los casos de degradación ambiental y de vulneración de las leyes de protección de la naturaleza. Esta tendencia tiene implicaciones importantes no solo para el patrimonio natural del país, sino también para el Estado de derecho. Además, supone un reto para las organizaciones ambientales y los ciudadanos que luchan por la conservación de la naturaleza.

Dado que se ha levantado el Mecanismo de Cooperación y Verificación, principal instrumento de control del respeto del Estado de derecho por Rumanía, pedimos a la Comisión Europea que investigue los casos concretos señalados, en los que las sentencias firmes se anulan o no se aplican, así como aquellos en los que las agencias de protección del medio ambiente y sus direcciones abusan de su poder, actúan de mala fe o son cómplices de delitos ambientales, señala la carta firmada por Agent Green y Bankwatch Rumanía.

Los casos graves señalados de vulneración de la cosa juzgada y abuso de poder son:

1. El proyecto hidroeléctrico del río Taia, en el que una sentencia firme del Tribunal de Apelación de Alba Iulia de 2018, que anulaba la decisión de evaluación inicial y la autorización ambiental de un proyecto construido en un área natural protegida sin evaluación de impacto ambiental, fue ignorada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (APM) de Hunedoara. En 2022 esta emitió una nueva autorización ambiental para el mismo proyecto. Cuando las dos organizaciones firmantes recurrieron la nueva autorización, el Tribunal de Bucarest decidió que era legal. El juez en cuestión, antiguo asesor de la sección de vigilancia del DGPI/«Doi și-un sfert», también aprobó los honorarios de abogados prohibitivos solicitados por el promotor del proyecto hidroeléctrico, limitando así el acceso de las ONG a la justicia, derecho garantizado por el Convenio de Aarhus y la Ley 86/2000.
2. El caso Agricola Internațional Bacău – Matadero. El proyecto se sitúa en la ciudad de Bacău, inmediatamente junto a viviendas habitadas y a 900 metros del lugar Natura 2000 ROSPA0063 Rezervoarele Buhuși-Bacău-Berești. La autorización ambiental de ampliación fue anulada por el Tribunal de Apelación de Bacău en 2022, pero la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Bacău introdujo las obras de ampliación en la actualización anual de la autorización ambiental integrada a principios de 2023.
3. El proyecto hidroeléctrico Bumbești-Livezeni, con una capacidad de 65 MW, en el río Jiu y en el Parque Nacional Defileul Jiului (ROSCI 0063). Este proyecto fue autorizado por primera vez en 2003 sin evaluación de impacto ambiental, pero las obras continuaron incluso después de la declaración del parque nacional en 2005. Se emitieron licencias de construcción en 2012 y 2016, anuladas por el Tribunal de Apelación de Bucarest en 2017 por considerar que el proyecto no podía realizarse sin evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, según la ley, el impacto ambiental ya no puede estimarse para un proyecto en construcción. En 2022, el proyecto hidroeléctrico del parque nacional, junto con otros 8 proyectos hidroeléctricos situados en áreas protegidas o cerca de ellas, fue incluido en el anexo de la Ordenanza de Urgencia del Gobierno nº 175/2022, que exime de la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental pese a la sentencia judicial irreversible de 2017.

Los activistas ambientales, ciudadanos y expertos que vigilan y denuncian estos problemas sufren presiones de las autoridades rumanas, intimidación en los medios de comunicación y sanciones económicas ante las que los tribunales hacen la vista gorda.

«En un Estado de derecho no puede tolerarse que se ignoren las resoluciones judiciales, sobre todo cuando se trata de agencias de protección del medio ambiente cuyas decisiones mutilan la naturaleza. Hoy alertamos a la Comisión Europea para que estas instituciones reflexionen sobre sus obligaciones y actúen conforme a las leyes y a las decisiones de la justicia. También debemos recordar el peligro que corren nuestros frágiles ecosistemas y que no podemos combatir el cambio climático secando aún más ríos, ni silenciando a las ONG o a los ciudadanos de a pie que impugnan tales decisiones», declara Ioana Ciută, presidenta de Bankwatch Rumanía.

«Las desviaciones que señalamos a la Comisión denotan inconsciencia por parte de las autoridades rumanas. Rumanía tiene la obligación legal de renaturalizar cientos de kilómetros de cursos de agua, no de hormigonarlos. Y las granjas avícolas deben replantearse en el contexto de la gripe aviar, en un momento en que este virus ha sufrido mutaciones que ya facilitan su transmisión a los humanos y el desencadenamiento de una pandemia brutal, con una tasa de mortalidad decenas de veces mayor que la de la COVID-19. Pero el plan de ampliación del matadero de aves de SC Agricola Internațional SA Bacău se encuentra precisamente dentro de un área protegida para especies de aves. Es decir, un riesgo inminente e innecesario de propagar virus a animales salvajes y personas», advierte Gabriel Păun, presidente de Agent Green.

En el caso Agricola Internațional Bacău – Matadero, ciudadanos gravemente afectados por las infracciones legales de instituciones cuya razón de ser es precisamente proteger el medio ambiente y a las personas buscan justicia por sí mismos y denuncian los abusos de la justicia rumana:
«En Rumanía, las directivas europeas de protección del medio ambiente son vulneradas de forma flagrante por las autoridades que deberían aplicarlas, pero que contribuyen a la degradación continua de los hábitats de las especies protegidas, poniendo en peligro su existencia y reduciendo al mismo tiempo la calidad de vida de las personas de las zonas residenciales. La ampliación abusiva de un matadero cerca de un área natural protegida y en medio de una comunidad, incumpliendo las distancias mínimas de protección sanitaria, significa una muerte lenta pero segura», advierte Matei Tamboi.
«Aunque Rumanía es miembro de la Unión Europea, le cuesta desprenderse de las costumbres del Estado comunista. Pese a que las leyes europeas de protección del medio ambiente han sido asumidas y transpuestas a la legislación nacional, representantes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente y de la Guardia Nacional de Medio Ambiente de Bacău actúan como si obedecieran órdenes de los contaminadores, ignorando la legislación ambiental europea y a los ciudadanos de este país, provocándoles sufrimientos y traumas irreparables», declara Lucian Tarcău.

Firmantes:

Agent Green – Gabriel Păun

Bankwatch Rumanía

Matei Tamboi
Lucian Tarcău

11 de septiembre de 2023, Bucarest