Ultimátum a Romsilva por el bosque de Băneasa

A: Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA

A la atención de: señor Marius – Dan SIIULESCU, director general

Asunto: Bosque de Băneasa – carretera del complejo residencial Greenfield

Varias ONG, grupos cívicos y activistas ambientales, que ya le han dirigido una carta, alertan de una grave vulneración de la Ley 331/2024, el nuevo Código Forestal, y le solicitan que ordene inmediatamente el cese de la circulación de los residentes del complejo Greenfield por la carretera forestal para la que se ha suscrito y pagado un contrato/acuerdo de acceso público de vehículos mediante el abono de un peaje.

Se trata de un acuerdo dudoso entre su institución, a través de la Dirección Forestal de Ilfov, por una parte, y Federația Greenfield Băneasa, apoyada por Fundația Avenor, en las proximidades del bosque de Băneasa, por otra.

La Dirección Forestal de Ilfov afirma que las partes alcanzaron este acuerdo para permitir el acceso a su propiedad de la entidad de Greenfield y que sería conforme al Código Forestal.

Suponemos que se refiere al artículo 113, apartado(2), del Código Forestal.

«Las carreteras forestales para vehículos son vías de transporte tecnológico, de utilidad privada, utilizadas para: la gestión de los bosques, las actividades de caza y pesca deportiva, las intervenciones en caso de averías, calamidades o desastres, y están cerradas a la circulación pública, así como para el acceso de los propietarios a sus propios terrenos.»

¿Significa esto que la entidad de Greenfield no tiene ninguna otra vía de acceso y debe llegar al complejo atravesando el bosque?

Una construcción en zona urbana no podría autorizarse, conforme a la Ley 50/1991 sobre autorizaciones de construcción, si no tuviera acceso a una vía pública; además, los permisos de construcción del complejo no contemplan acceso a través del bosque.

Precisamos que se trata de un barrio privado, construido fuera del bosque, con acceso público por Aleea Teișani-Drumul Pădurea Pustnicu, más otros dos accesos que ya deberían existir desde Șos de Centură.

Como se entiende, los dos accesos desde Șos. de Centură aún no se han ejecutado y, desde 2005-2007, el promotor ejerce una gran presión para conseguir una carretera a través del bosque de Băneasa.

¿Qué ocurriría si todos los proyectos inmobiliarios pidieran vías de acceso más cortas a través del bosque?

Creemos que deben cesar estas presiones sobre el bosque de Băneasa, el intento de destruir esta riqueza natural en interés de promotores inmobiliarios, incluidos los intentos de intimidación contra quienes defienden la integridad del bosque.

Precisamos que los hechos y los acuerdos escritos entre la entidad forestal y la de Greenfield, además de las infracciones previstas en el Código Forestal, vulneran sin duda también el Código Penal:

Art. 246

«El acto del funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, a sabiendas, no realiza un acto o lo realiza de forma defectuosa y con ello perjudica los intereses legítimos de una persona se castiga con prisión de 6 meses a 3 años.»

Dada la evolución de la situación, constatamos que existe un grupo de presión constituido, un verdadero grupo organizado que desea vías de acceso y diversos tipos de construcciones en el bosque.

El Código Penal también condena estos hechos:

Artículo 367

Constitución de un grupo delictivo organizado

(1) La iniciación o constitución de un grupo delictivo organizado, la adhesión o el apoyo, bajo cualquier forma, a tal grupo se castiga con prisión de uno a 5 años y la prohibición de ejercer determinados derechos.

El argumento de que las Direcciones Forestales «también tienen que ganar algo de dinero» carece de fundamento, ya que no se pueden vulnerar las normas legales sin afrontar el rigor de la ley.

Señor Director, le rogamos una vez más que intervenga para detener esta flagrante ilegalidad a través del bosque de Băneasa, que podría convertirse en un precedente extremadamente peligroso.

De lo contrario, nos vemos obligados a acudir a los tribunales, solicitando también la investigación del carácter penal de estos hechos, en los que preferiríamos que su institución no estuviera implicada.

En virtud de la Ley 544/2001 sobre el libre acceso a la información de interés público, le rogamos que solicite a la parte contratante forestal los documentos relativos al peaje por el acceso a la carretera forestal, el contrato/acuerdo o cualquier otra forma de acuerdo suscrito entre la entidad forestal y Greenfield, y que nos remita copias.

Atentamente,

Gabi Paun, presidente de Agent Green

Dan Trifu, Fundația Eco-Civica

Ciprian Gălușcă, Greenpeace România

Angi Șerban, Corupția Ucide

Ioana Ciuta, Bankwatch România

Cătălina Rădulescu, Ecolegal

Contacto:

Dan Trifu, Tel: 0722227780