Rumanía se arriesga a que la infracción sobre áreas naturales protegidas llegue al TJUE

Rumanía se arriesga a que la infracción sobre áreas naturales protegidas llegue al TJUE

Agent Green estrena hoy el episodio 7 de la serie «Una masacre nacional»

Bucarest, 5 de diciembre de 2022 – Agent Green advierte de que las explotaciones forestales abusivas están fuera de control incluso en las áreas naturales protegidas, con un riesgo inminente de que el procedimiento de infracción de la Comisión Europea (CE) llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La organización ecologista publica hoy el episodio 7 de la serie «Una masacre nacional», que muestra la situación actual de las áreas protegidas de Rumanía objeto del procedimiento de infracción iniciado por la CE en febrero de 2020, a raíz de las denuncias formales presentadas por Agent Green junto con Client Earth y EuroNatur en el otoño de 2019.

El episodio 7 de «Una masacre nacional» está disponible para su libre descarga y distribución en VIMEO y YouTube. La película se centra en las explotaciones abusivas de bosques antiguos donde los investigadores de Agent Green se encontraron con trabajadores agresivos y representantes incompetentes de las autoridades.

La situación actual se ve favorecida por varios factores: la demanda del mercado (sobre todo de biomasa y madera de construcción), la legislación para disuadir el robo de madera debilitada por el actual Gobierno, la actuación muy deficiente de las autoridades de control y la falta de implicación de las comunidades locales afectadas. Agent Green también ha remitido a la CE el informe (PDF en inglés) que presenta casos concretos de explotaciones forestales en áreas protegidas mientras el procedimiento de infracción está en curso. La organización también ha informado al órgano de control del primer ministro sobre los diez métodos de robo (PDF en rumano) que eluden SUMAL 2.0, métodos facilitados durante los dos últimos años por el propio Ministerio de Medio Ambiente. En una comunicación remitida a Agent Green el 29.11.2022, el órgano de control del primer ministro informa de que la IGPR se ha hecho cargo de la investigación.

«La situación sobre el terreno, también visible en las imágenes de satélite, es la que conoce la Comisión Europea y niega el Ministerio de Medio Ambiente. El ministerio no asume su fracaso y es cómplice de una masacre en curso. Esto nos llevará inevitablemente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estamos profundamente preocupados. El ministro puede cambiar, pero el desastre del bosque pronto será un desastre para nuestros bolsillos, porque las multas sumarán millones de euros de dinero público y se aplicarán diariamente, tanto con carácter retroactivo como por cada día de retraso en solucionar los problemas», advierte Gabriel Păun, presidente de Agent Green.

Los problemas que deben resolverse son tanto legislativos como de aplicación de la legislación. Para que se aceptara la denuncia de 2019, Agent Green tuvo que demostrar problemas sistémicos en grandes superficies que ya habían sido resueltos por la justicia rumana. Se documentaron más de 500.000 hectáreas de áreas protegidas Natura 2000 de interés europeo (el 8% del patrimonio forestal nacional) para tramitar el procedimiento de infracción. Hubo cientos de causas en las que Agent Green litigó contra el Ministerio de Medio Ambiente, la ANPM, la Guardia Forestal y Romsilva. Estos procesos salvaron de la tala decenas de miles de hectáreas para las que el Ministerio de Medio Ambiente había aprobado planes de ordenación forestal abusivos sin estudios de evaluación del impacto ambiental. Pero, incluso así, las decisiones judiciales no fueron respetadas por el administrador del bosque ni por las empresas de explotación, y los órganos encargados de hacer cumplir la ley también estuvieron ausentes en estos casos de abuso.

Además, el proyecto de ley Pl-x 317/2022 se tramita por vía de urgencia en el Parlamento rumano y pretende anular el Estado de derecho en Rumanía bloqueando el acceso a la justicia en asuntos de protección ambiental. Existen al menos 5 argumentos de inconstitucionalidad por los que este proyecto se impugna actualmente ante el Tribunal Constitucional: la falta de una justificación sólida, la vulneración del derecho de libre acceso a la justicia, la vulneración de las normas internacionales, la vulneración del principio de que la justicia es única, imparcial e igual para todos y la vulneración del principio de seguridad jurídica.

«Estamos asistiendo a una ofensiva sin precedentes de la mafia de los bosques contra quienes los defienden. Las únicas herramientas legales que nos quedan son las instituciones europeas y los tratados internacionales ratificados también por Rumanía, como el Convenio de Aarhus», concluyó Păun.

Contacto de prensa: office@agentgreen.org